Paz para el progreso

El progreso necesita paz. A pocos días del alevoso y cruel asesinato de tres carabineros en la Región del Biobío, un país entero está conmocionado por uno de los hechos más violentos y condenables que nos ha tocado vivir desde el retorno a la democracia. Quien esté tras este crimen, sin importar su ideología o ideario, no merece más que todo el peso de la ley y todo el rigor de nuestras instituciones.

El año pasado, Chile retrocedió cinco puestos en el Global Peace Index, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, lo que es reflejo de cómo la sensación de inseguridad es hoy una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía, del sistema de justicia, del debate político y también del mundo empresarial, como quedó en evidencia en Enade.

La respuesta institucional al atentado en Cañete ha sido acertada; sin embargo, la violencia rural requiere un nuevo abordaje.

En este marco, la respuesta institucional al atentado en Cañete ha sido acertada. La condena inmediata por parte de todos los poderes del Estado, el viaje conjunto de sus máximos representantes a la zona, la confirmación del General Director de Carabineros en su cargo -más allá de los enjuiciamientos que ha hecho el Gobierno a la institución-, y la decisión de la Fiscalía de postergar su audiencia de formalización en casos relacionados con el estallido social, han sido muestras de actuaciones certeras, prudentes y oportunas.

Sin embargo, enfrentar la violencia rural requiere de un nuevo abordaje. Mientras entre 2021 y 2023 los casos investigados por estos delitos bajaron 50%, de acuerdo con los registros de las Fiscalías Regionales de Biobío y La Araucanía; su nivel de violencia recrudeció, como tristemente lo demuestra el atentado en Cañete. Se trata, entonces, de un conflicto cuya solución requiere de la voluntad y consenso de distintas instituciones y sectores.

La respuesta no solo debe ser rápida, sino también sensata. Tal como lo dijo el Presidente Gabriel Boric, este fin de semana, el rol de las “autoridades es dar conducción y entregar resultados y, en esto, todos somos necesarios”, lo que da cimiento para que el Ejecutivo y el Congreso lleven adelante, en forma urgente y seria, los proyectos de ley sobre inteligencia, antiterrorismo y reglas de uso de la fuerza.

El pronto despacho una agenda de seguridad para fortalecer a las policías y a la justicia aportará credibilidad al Gobierno y al poder Legislativo. Cuando hablamos de paz no pensamos en la ausencia de diferencias, sino en un entorno en el que todas las personas puedan prosperar, independiente de sus creencias y posturas. Eso se consigue cuando el Estado de Derecho rige para todos y en todos los rincones del país.